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FOESSA reclama: antes los pobres que la deuda

En octubre de 2014, la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), vinculada a Cáritas Española, presentaba su VII Informe sobre exclusión y desarrollo social. Pasados los meses, el comité científico de la fundación ha seguido profundizando en los datos, y ofrece ahora una “agenda de políticas públicas que priorice a las personas más excluidas” como parte más destacada de su Informe 2015: empleo precario y protección social. 

En este sentido, el informe da un vuelco a las palabras que más dominan en el discurso político actual, señalando que algunas medidas orientadas hacia el bienestar no han sido de “transformación”, sino de “involución social”; que la “recuperación” no es tal, porque no es inclusiva ni distributiva; que el “crecimiento económico” se basa en un alto índice en precariedad…

Este panorama hace que los autores del estudio rescaten el análisis de la socióloga danesa Saskia Sassen –Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013–, quien se refiere a los excluidos como “expulsados” del sistema, incluyendo en este concepto a “aquellos que son consecuencia directa del funcionamiento actual del capitalismo…, trabajadores pobres sin protección, familias que perdieron su vivienda, clases medias expulsadas del centro de las ciudades…”. El diagnóstico del informe es claro: la recuperación no ha llegado a los hogares más pobres.

El mercado laboral español sigue adoleciendo de los mismos problemas estructurales que ya tenía antes de la crisis, con un abuso del encadenamiento de contratos temporales y un incremento de la estacionalidad y las contrataciones a tiempo parcial. Si bien los datos de empleo han comenzado a crecer, el aumento de los hogares sin ingresos muestra que la recuperación del empleo no está afectando a las familias que viven en mayor precariedad. Estos elementos apuntan “a una ineficiencia estructural de nuestro sistema”, señala el informe.

Con el objetivo de poner a las personas más desprotegidas en el centro de la agenda social, FOESSA culmina con 34 propuestas políticas de carácter estructural, políticas especializadas, políticas de apoyo y políticas personalizadas.

Para llegar a unos “mínimos vitales” irrenunciables, el informe pide la modificación del artículo 135 de la Constitución española, reformado en 2011, para que el techo de deuda no afecte a los servicios básicos de la población. También propone una política fiscal que contemple las desigualdades y que se cambie el conjunto de prestaciones no contributivas para garantizar un sistema de “ingresos mínimos con cobertura para todas las personas que lo necesiten”.

Todas estas propuestas se presentan en este año electoral, ya que este contexto puede ser una oportunidad –indica el informe en su presentación– para “redoblar nuestros esfuerzos en situar a las personas y familias en peor situación en el eje principal de las políticas públicas”.

Sanidad para inmigrantes y adiós al copago

  • Desbloquear el desarrollo de la Ley de Dependencia.
  • Derogar el decreto que deja a los extranjeros sin prestaciones sanitarias.
  • Eliminar el copago farmacéutico a las rentas bajas.
  • Limitar la posibilidad de que los bancos traspasen los contratos de hipotecas hacia los conocidos como ‘fondos buitre’.
  • Facilitar los trámites del permiso de residencia a inmigrantes por motivos de trabajo.
  • Clausurar los centros de estancia temporal de extranjeros.
  • Acabar con las “devoluciones en caliente”.
  • Respetar el derecho de asilo.

Por lo que respecta a las políticas especializadas, FOESSA ha seleccionado las áreas de salud, vivienda e inmigración, tres ámbitos en los que su comité de expertos, entre otras medidas, propone:

Entre las políticas de apoyo se subrayan aquellas referidas a la población más vulnerable, apuntando a quienes perciben salarios bajos, las familias y menores en situación de riesgo por sus carencias básicas. Completan la propuesta algunas recomendaciones sobre posibles estrategias y procesos de acompañamiento e inclusión social y laboral de los colectivos más vulnerables.